La reforma introducida por la Ley 8/2021, en vigor desde septiembre de 2021, ha supuesto un cambio profundo en la forma en que nuestro ordenamiento jurídico protege a las personas con discapacidad. Hasta entonces, era posible declarar judicialmente la incapacitación de una persona, limitando o incluso suprimiendo su capacidad de obrar y atribuyendo...
Aunque una persona haya sido declarada incapacitada judicialmente, no pierde todos sus derechos. La ley garantiza que se mantenga su dignidad, autonomía parcial y protección en los aspectos fundamentales de la vida.
El proceso judicial para declarar a una persona incapacitada es el mecanismo mediante el cual un juez determina si una persona carece de capacidad suficiente para gestionar sus propios asuntos debido a limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales. Su finalidad es proteger y garantizar los derechos de la persona afectada, evitando situaciones de...
La incapacitación judicial es un procedimiento legal mediante el cual un juez determina que una persona no puede gestionar de forma autónoma sus asuntos, ya sea por limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales. Su finalidad no es sancionar, sino proteger los derechos, bienes y decisiones de la persona afectada.
La pensión de incapacidad permanente puede ser compatible con otros ingresos o trabajos, dependiendo del grado de incapacidad reconocido:
La incapacidad permanente no siempre es definitiva. La ley prevé la posibilidad de revisar el grado de incapacidad cuando se producen cambios en la situación médica del trabajador.
Para acceder a una pensión por incapacidad permanente, es necesario cumplir una serie de requisitos legales y médicos:
La incapacidad permanente se concede cuando una persona no puede seguir desempeñando su trabajo habitual debido a un accidente o enfermedad.
Las consecuencias legales entre un despido improcedente y uno nulo son muy distintas:
Un despido se considera nulo cuando vulnera derechos fundamentales o se basa en motivos discriminatorios. Algunos ejemplos son:
